derechos humanos e inmigración

Derechos Humanos e Inmigración
Debemos saber que existen derechos para los inmigrantes, aunque muchos de ellos no se cumplen. Estos derechos son los siguientes:
En la Declaración de Derechos Humanos está recogido el derecho de toda persona a inmigrar, a saber a salir del país y a establecer en otro. Pero tal artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se supedita a las legislaciones sobre extranjería de cada país.
La Constitución Española dispone que los extranjeros gocen de los mismos derechos (excepto los derechos políticos) que las ciudadanas y ciudadanos españoles. Este artículo está en clara contradicción con los términos establecidos en la Ley de Extranjería que mantiene un tratamiento diferenciado entre españoles y extranjeros, especialmente en cuanto a la libertad de circulación, de reunión y de residencia.
El hecho de "no tener papeles" y por lo tanto no encontrarse en una situación regular es la principal causa de marginación y exclusión social. La situación de irregularidad en la que se encuentran cientos de miles de personas en nuestro país, vulnera los Derechos Humanos y de ciudadanía, ya que no tienen acceso a conceptos imprescindibles a la dignidad de la persona como son el trabajo legal, el alquiler de las viviendas, la educación superior, la libre circulación, el derecho a sindicarse, etc.
Existen ciertos derechos que son inviolables por el hecho de ser personas, como el derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad que, sin embargo, difícilmente pueden ser garantizados cuando se encuentran en un margen de invisibilidad social.
Incluso aquellas personas extranjeras que se encuentran en una situación regular no gozan de igualdad en el plano político. Es decir que no tienen la posibilidad de elegir y de ser elegido en las elecciones locales, autonómicas o generales.
Los derechos políticos y de ciudadanía son imprescindibles para participar plenamente en la sociedad de acogida. En defensa de los Derechos Humanos y de ciudadanía de las personas inmigrantes, están constituyéndose organizaciones y Plataformas que revindican la dignificación del hecho migratorio, el reconocimiento de la contribución de las personas inmigrantes al bienestar común del país y su consideración como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos fundamentales civiles, sociales y culturales.

La población migrada en España

En el Estado Español la población migrada se encuentra sometida a una serie de normas legales diferentes a las del resto de la ciudadanía y es objeto por parte de los poderes públicos de un trato discriminatorio. Discriminaciones especialmente graves hacia quienes se encuentran en situación irregular. La existencia de una ley de extranjería y el conjunto de normas especiales para personas extranjeras contenidas en dicha Ley, en el Reglamento que la desarrolla, en el Código Penal, en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y otras – constituyen una normativa que dispone la negación de derechos o el recorte de los mismos para una parte de la ciudadanía en función de su origen nacional – por lo que son en sí mismas fuente y origen de discriminación. Con ello desde el poder se construye una categoría social, la de las personas migradas, desiguales e inferiores en el plano jurídico y social.Mientras las condiciones de vida de los ciudadanos migrantes son cada vez más difíciles, las administraciones siguen primando la inversión en políticas de control frente a la inversión destinada a gasto social. Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1.985, han establecido requisitos cada vez más difíciles, en ocasiones imposibles de cumplir, para establecerse legalmente en España. Los cambios legislativos han implantado normativas dirigidas a evitar la entrada y a dificultar la permanencia de las personas migrantes, tanto a través de la privación de derechos como a través del acoso policial al que son sometidas: controles de documentación discriminatorios, detenciones arbitrarias, internamiento y expulsiones en condiciones que vulneran los tratados Internacionales suscritos por España en materia de asilo y Derechos Humanos.Con la asimilación de la población inmigrante a la categoría de “enemigo peligroso”, la insistencia en la “elevada proporción” de personas migradas y la “amenaza de invasión” se provoca en el conjunto de la ciudadanía el miedo y la inseguridad que permiten justificar y desarrollar políticas de control social que aseguren una población dócil y sumisa que acepte recortes de derechos en aras a la seguridad.Este racismo institucional, contribuye a desarrollar el racismo social ya que los factores legales de exclusión y discriminación generan una imagen del “otro” como inferior y desigual al tratarlo como tal en el plano jurídico. Asimismo contribuye a la guetización de la población migrada en el plano laboral, de vivienda, etc. Por su parte, los partidos políticos han seguido alimentando los discursos que sólo tratan la inmigración y a los inmigrantes como mano de obra barata, o incluso como “un problema”. En este sentido, el Estado Español no es una excepción dentro de Europa. Las políticas migratorias de la UE, caracterizadas por la interrelación entre la lógica del mercado y las lógicas de control, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo, demostrando una concepción puramente utilitarista e instrumental de la inmigración, a la vez que se centran en luchar eficazmente contra la inmigración “ilegal”.La población migrada es la victima (especialmente quienes se encuentran en una situación irregular) y la sociedad en conjunto se degrada y envilece a si misma propiciando los conflictos sociales.Frente a las iniciativas que en Europa y en el Estado Español pretenden ahondar en la discriminación y el castigo y desde la convicción racional y ética de la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su origen nacional, colectivos y organizaciones afirmamos que “TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS”, e iniciamos una campaña para que sean reconocidos los derechos de la población migrada y cese el trato discriminatorio y racista por parte de las instituciones.Teniendo como objetivo la igualdad de derechos de todas las personas, y mientras seguimos trabajando para la necesaria derogación de una legislación de extranjería que, intrínsecamente, discrimina, consideramos indispensable ya, dada la difícil situación que afronta la población inmigrante.